Puerto Plata, República Dominicana. Un fallo judicial sin precedentes cerró uno de los procesos más relevantes que ha impactado al ámbito deportivo de la República Dominicana en los últimos años.
Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor involucrada en el proceso contra el exjugador profesional Wander Samuel Franco Aybar, fue condenada a cumplir 10 años de prisión efectiva. Además, se dispuso el decomiso de varios bienes de alto valor, adquiridos mediante actividades ilícitas, según establecieron las autoridades.
La decisión fue emitida por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, luego de considerar como probado el delito de explotación comercial y la utilización de recursos financieros de procedencia no legítima, dentro de un esquema de presión y ocultamiento que Chevalier ejercía en perjuicio del jugador.
Entre los bienes confiscados se encuentran un terreno de 600 metros cuadrados ubicado en Villa Montellano, un vehículo del año 2023, RD$2.1 millones depositados en una cuenta del Banco Agrícola, US$68,500 en efectivo, RD$800,000 en moneda nacional, varios dispositivos móviles y otros valores financieros de origen ilícito.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó una línea cronológica detallada que respaldó la acusación, demostrando que Wander Franco retuvo a la menor por varios días y enviaba sumas de dinero a Chevalier con el propósito de asegurar su silencio. Esta conducta sustentó la complicidad y el beneficio económico por parte de la madre.
En cuanto a Franco, fue sentenciado a dos años de privación de libertad, aunque la ejecución de esa pena fue suspendida bajo condiciones estrictas impuestas por el tribunal. Entre ellas, se incluye la prohibición de acercarse a personas menores de edad con fines inapropiados.
Martha Vanessa Chevalier deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. Por su parte, el exdeportista solo será privado de libertad en caso de que incumpla las condiciones establecidas por la sentencia.
El proceso judicial fue liderado por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata. El expediente presentado incluyó más de 165 elementos probatorios, entre documentos, testimonios, análisis técnicos, mensajes, registros financieros y declaraciones juradas.
Los fiscales destacaron que esta sentencia representa un avance significativo en la lucha institucional contra la explotación infantil y el uso del sistema financiero para fines ilícitos, estableciendo así un precedente importante en el marco legal del país.
