Un hombre conocido por el apodo “Pimpo de Quita Sueño”, residente del sector Quita Sueño en Haina, San Cristóbal, manifestó que no tiene intenciones de entregarse a las autoridades, alegando que teme por su vida. Esta declaración fue realizada a través de una llamada telefónica, según informaciones disponibles y un video circulante.
Durante la conversación, el individuo señaló que prefiere abandonar el país antes que enfrentar el sistema judicial local. Esta afirmación ha sido interpretada como un intento de evitar responder ante los organismos correspondientes, según lo que se deduce de sus propias palabras
El caso ha despertado inquietud en torno a la seguridad ciudadana y ha puesto en evidencia los retos que enfrentan las autoridades para localizar y detener a personas que se mantienen prófugas y que, además, están vinculadas a redes delictivas activas en diferentes localidades.
Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre la búsqueda del mencionado individuo, ni sobre posibles operativos en curso. Tampoco se ha informado sobre medidas específicas adoptadas tras su declaración pública. Sin embargo, el tema sigue bajo seguimiento, dado el impacto que puede generar entre los habitantes del sector Quita Sueño. Además, el periodista Ramón Tolentino, en su programa Esto No Es Radio, reveló información sobre este reconocido antisocial, alertando a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
El hecho de que el propio individuo haya reconocido su intención de eludir la justicia local resalta las dificultades presentes en los procesos de captura de personas con historial delictivo. Este tipo de declaraciones, realizadas por medios no oficiales, también presenta obstáculos para avanzar en procedimientos legales.
Por el momento, las autoridades no han emitido una respuesta formal sobre los pasos a seguir ante la intención declarada de esta persona de abandonar el país. Se espera que en los próximos días se amplíe la información en torno a este caso y se adopten medidas para abordar su situación conforme a las leyes vigentes.
La situación pone de relieve la importancia de fortalecer las estrategias de persecución judicial y el sistema de protección de derechos, de modo que se pueda garantizar el debido proceso y, al mismo tiempo, prevenir cualquier vulneración a la integridad de personas investigadas.
