El proceso relacionado con Stephora Anne-Mircie Joseph continúa generando inquietud pública, debido a datos pendientes y nuevas revelaciones que mantienen a Santiago atento y a la espera de claridad institucional.
El caso de la niña Stephora, quien participaba en una excursión escolar y luego quedó sin signos vitales, mantiene en tensión a una ciudad marcada por preguntas sin resolver.

El Instituto Leonardo Da Vinci, donde estudiaba la menor, ha mostrado discreción prolongada, situación que provocó inquietud entre familias y autoridades interesadas en detalles verificables del recorrido escolar.
La falta de información concreta abrió espacio a interpretaciones diversas y a un escrutinio constante, alimentado por datos limitados sobre la supervisión del paseo realizado hacia Hacienda Los Caballos.
Un reportaje de Nuria Piera expuso vacíos relevantes relacionados con la supervisión, la reacción institucional y la respuesta inicial de las entidades responsables del seguimiento del grupo escolar.

La madre de Stephora recibió una llamada indicando que la niña se sentía mal, pero no pudo ingresar al lugar durante varias horas para conocer directamente la situación.
Al entrar, recibió la notificación de retirar a su hija sin aliento y dirigirse a la Fiscalía, sin una secuencia clara de hechos ni acompañamiento institucional suficiente.
Familiares señalan que el colegio no los visitó y que los videos de seguridad aparecieron semanas después, retraso que incrementó sospechas de poca transparencia inicial.
Consultado por la periodista, el colegio evitó respuestas básicas, incluyendo información sobre su dirección, lo que aumentó la percepción comunitaria de silencio prolongado.

Testimonios de exalumnos y padres describen un patrón previo de situaciones escolares tensas y procesos internos que, según ellos, no habrían recibido suficiente atención institucional.
El Ministerio de Educación reconoció que no tenía reportes formales, pero indicó que revisará procedimientos y actualizará protocolos para salidas escolares contemplados en la orden departamental vigente.
El caso recordó otros episodios similares registrados anteriormente, donde la falta de supervisión reforzó cuestionamientos sobre protocolos y procedimientos aplicados en actividades estudiantiles