Un operativo desarrollado por efectivos del Ejército de la República Dominicana resultó en la detención de un alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas. El hombre fue sorprendido transportando a diez ciudadanos haitianos que carecían de documentación migratoria apropiada en territorio dominicano.
Los miembros militares adscritos a la 4ta Brigada de Infantería ejecutaron la intervención en el tramo carretero Desiderio Arias, ubicado en el municipio Mao de la provincia Valverde. La operación se desencadenó después de que un vehículo evadiera deliberadamente el puesto de control establecido en Las Caobas.
El vehículo interceptado correspondía a una camioneta marca Toyota Hilux de color blanco, que portaba placa de exhibición X311059. Al volante se encontraba Joely Rafael Ventura Mejía, quien desempeña funciones como funcionario de Obras Públicas en la provincia de Dajabón, acompañado por Francisco Alberto Mejía Salvados.
Durante la inspección realizada por los agentes militares, se descubrió en el interior del vehículo la presencia de diez nacionales haitianos con estatus migratorio irregular. El grupo estaba conformado por cuatro mujeres, tres hombres y tres menores de edad que viajaban en condiciones no autorizadas.
Los efectivos militares también procedieron a ocupar la suma de RD$14,500 pesos en efectivo que portaba el conductor del vehículo. Esta cantidad monetaria fue incautada como parte de las evidencias relacionadas con la presunta actividad ilegal que se estaba desarrollando en el momento de la intervención.
Tanto los funcionarios detenidos como los ciudadanos haitianos indocumentados fueron trasladados hasta la sede de la 4ta Brigada de Infantería. El vehículo utilizado en el transporte irregular y el dinero ocupado también fueron conducidos a las instalaciones militares para continuar con los procedimientos legales correspondientes.
Las autoridades militares mantienen reserva sobre los detalles específicos de las posibles sanciones que enfrentará el funcionario involucrado en este caso. Se anticipa que el expediente será remitido a la jurisdicción competente por presunta violación a las normativas migratorias nacionales y uso indebido de recursos estatales.