El Juzgado de Instrucción de San Francisco de Macorís adoptó resoluciones relevantes durante una audiencia preliminar vinculada con dos personas imputadas por la pérdida de Ricardo Frías García, identificado por algunos como «Ricardito». Las autoridades judiciales determinaron que una de las imputadas, Lilibeth Mendoza, conocida como «Lili La Picúa», sea enviada a la etapa de Juicio de Fondo, mientras que respecto a Deivinson Torres, alias «38», decidieron modificar la medida de coerción que mantenía, sustituyendo la prisión preventiva por disposiciones menos restrictivas.
En el caso de Torres, el tribunal estableció una garantía económica ascendente a veinticinco mil pesos (RD$25,000.00), acompañada de visitas periódicas ante las autoridades correspondientes y la prohibición de salida del país. Estas disposiciones fueron dictadas con el propósito de asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso judicial en su contra, en el que se le atribuye porte y tenencia no autorizada de un objeto de fuego.
La medida de coerción relacionada con Torres fue aplazada para una fecha posterior, quedando pendiente de revisión por parte de los jueces de la jurisdicción. En contraste, la imputada Lilibeth Mendoza deberá enfrentar una fase procesal más estricta, en la cual el Ministerio Público busca demostrar su presunta participación en los hechos que culminaron con la pérdida de Frías García.
Durante la salida de la audiencia, Mendoza optó por no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes en el lugar. Por su parte, Torres manifestó sentirse conforme con la decisión del tribunal y reiteró ante los reporteros su posición de inocencia.
El suceso que originó el proceso judicial ocurrió dentro de la cabaña Sabel, localizada en la carretera que conecta San Francisco con Villa Tapia, en el mes de mayo del presente año. En ese momento, según los registros oficiales, Ricardo Frías García dejó de existir tras recibir varios proyectiles dentro del establecimiento.
Las autoridades continúan desarrollando las investigaciones con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el hecho violento. Tanto el Ministerio Público como la defensa técnica de los imputados se preparan para presentar sus respectivos argumentos en la etapa de Juicio de Fondo, donde se determinará la responsabilidad penal de cada involucrado en este suceso.