República Dominicana, Valverde.– El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso este martes medidas de coerción contra cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea, señaladas en un proceso por presunta falsificación de actas de defunción para favorecer un esquema de fraude dirigido por Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva desde hace tres meses.
La decisión judicial establece que las imputadas deberán presentarse de manera periódica los viernes de cada mes y tienen prohibido salir del país mientras se desarrolla el proceso penal. El expediente fue declarado como caso complejo, lo que amplía los plazos de investigación a cargo del Ministerio Público y permite profundizar en la recolección de pruebas.
De acuerdo con la acusación, Mendoza habría diseñado un entramado que de forma reiterada y engañosa registraba como sin existencia a personas vivas, valiéndose de la colaboración de médicos que emitían certificados sin verificar cuerpos ni causas reales de pérdida. Estas documentaciones fraudulentas fueron posteriormente registradas en oficialías del Estado Civil de Mao y Esperanza, dejando a las víctimas sin acceso a pensiones, cuentas bancarias, remesas y gestiones civiles.
El expediente detallado que Mendoza se hacía pasar por familiar directo de las víctimas, presentándose en centros de salud y generando confianza en el médico personal mediante su condición de paciente diabético. Con esta estrategia lograba que se emitieran certificados de defunción con causas inexistentes, como supuestas enfermedades crónicas, que respaldaban los registros falsos ante las oficialías.
El Ministerio Público señala como colaboradoras en la maniobra a las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta. Esta última habría expedido certificaciones falsas sobre decesos ficticios en su comunidad, facilitando la operación del esquema fraudulento.
Las autoridades informaron que se han recopilado 48 pruebas documentales, 10 testimoniales y 28 materiales que vinculan directamente a las imputadas con Mendoza. Entre los hallazgos, se identificaron al menos siete víctimas directas de la maniobra y al Estado dominicano como víctima institucional, debido al perjuicio ocasionado a los sistemas de registro y los programas sociales afectados.
El esquema, según la investigación, se sostenía principalmente de personas en condición de vulnerabilidad económica que obtenían beneficios de programas estatales como Tarjeta Solidaridad y Supérate, equivalentes a RD\$2,100 mensuales. Mendoza les ofrecía préstamos de entre RD\$5,000 y RD\$15,000, y cuando estas no podían cumplir con los pagos, eran declaradas falsamente como fallecidas para consumir la operación fraudulenta.
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El tribunal confirmó que la investigación comenzará abierta y bajo seguimiento especial debido a la magnitud de los daños ocasionados al sistema registral. Mientras tanto, las imputadas deberán cumplir las restricciones impuestas, en espera de que el Ministerio Público avance en la presentación de la acusación formal con base en las pruebas recopiladas.