Santiago, República Dominicana. La circulación de videos en los que se observa a una joven de 21 años siendo vulnerada en Villa González ha generado un debate en torno a la severidad de las sanciones establecidas en el Código Penal dominicano y las que contempla la reforma pendiente de entrada en vigencia.
De acuerdo con la normativa actual, los seis hombres detenidos por este caso podrían enfrentar condenas de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, bajo el nuevo código, la sanción podría elevarse a un rango de entre 40 y 50 años, debido a los agravantes que se presentan en la investigación.
Los apresados fueron identificados como Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferere), Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras), Delfry de Jesús Rodríguez (Yiyo), José Alfonso Rubiera Rodríguez y Edwin Manuel Castro Guzmán (Guaro). Todos fueron puestos a disposición de la justicia tras difundirse las grabaciones en redes sociales, donde se documenta lo sucedido.
El abogado Amadeo Peralta explicó que el artículo 331 del actual Código Penal define como violación cualquier acto de penetración contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. Señaló que la pena oscila entre 10 y 20 años de prisión, con posibilidad de alcanzar hasta 30 años si la víctima se encuentra en condición de especial vulnerabilidad.
Asimismo, el artículo 303 tipifica como tortura o acto de barbarie aquellas que ocasionen sufrimientos físicos o mentales, incluyendo prácticas que anulen la voluntad de una persona. En tanto, el artículo 303-4 establece que las condenas pueden llegar a 30 años cuando varias personas participan, cuando se utilizan sustancias que alteran la conciencia de la víctima o cuando existe una vulnerabilidad evidente.
El especialista agregó que el artículo 309-1 refuerza la protección contra la violencia hacia la mujer, sancionando conductas físicas, psicológicas o verbales que causan daño por razones de género. Según Peralta, este caso reúne múltiples circunstancias agravantes que permiten la aplicación de la pena máxima contemplada en la legislación vigente.
Si la reforma al Código Penal ya estuviera en vigor, las condenas superarían los 40 años, debido al cúmulo de delitos adicionales como la asociación de malhechores, el uso de sustancias narcóticas y la posibilidad de que uno de los implicados fuera del servidor público, lo que incrementaría aún más la sanción.
El hecho se produjo en marzo, pero se conoció públicamente el martes pasado tras la difusión de los audiovisuales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para aclarar los detalles y avanzar en el proceso judicial.